Sobre el poder de la política y sus prácticas democráticas.
José Antonio Caride Gómez.
De la política acostumbramos a decir que es el arte de gobernar la vida en común, agrandando los espacios y tiempos en los que proyectamos nuestros derechos y deberes cívicos. Y, con ellos, el propósito –irrenunciable e inconcluso– de que puedan contribuir a mejorarnos a nosotros mismos y a las realidades que nos contornan, orientando sus logros hacia metas o finalidades consideradas socialmente deseables, aunque a menudo sean objeto de controversias.
De ahí, sin duda, la cara amable de la política y de las políticas como soportes fundamentales en la articulación cotidiana e histórica de cualquier sociedad, a la que observan y en la que inscriben tratando ajustar las aspiraciones individuales con las del conjunto de la población. Sin poder obviar que sus iniciativas se remiten a principios, valores, ideologías, sistemas, estrategias, etc. de muy diverso signo, es en este escenario donde la política se nos muestra como una práctica social compleja, a través de la cual los poderes públicos legitiman su capacidad para dar respuesta a las necesidades e intereses de la ciudadanía, en diferentes ámbitos, atendiendo a distintas alternativas y circunstancias, con un enfoque global y/o sectorial.
A la política, especialmente en los últimos años, se lo pedimos todo: salud, libertad, progreso, seguridad, educación, justicia, trabajo, ocio… De ella y de quiénes la ejercen en primera persona, de forma colegiada o corporativa –como políticos o representantes de los partidos políticos, desde las Administraciones Locales hasta los Organismos Internacionales– parece depender buena parte de lo que somos o queremos ser, en el presente y en el futuro, por mucho que se cuestionen sus resultados o se generen sospechas acerca de las verdaderas intenciones que subyacen a las propuestas y a sus consecuencias prácticas.
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Por mucho que puedan dar de si los moldes de la sustentabilidad, nunca podrá obviarse que los discursos y prácticas que se hagan en nombre del desarrollo han de ser, ante todo y sobre todo coherentes, ética y moralmente en el quehacer de la política y de los políticos, así como en los fines que han de satisfacer la educación – toda educación y la educación de todos– y los educadores, sea cual sea en terreno institucional o cívico en el que desempeñen su labor.
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http://www.6iberoea.ambiente.gov.ar/files/ConferenciasCentrales/PoliticayEA/Sobrepoderpolítica_CarideGómez.pdf
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