Arribas (2010). Construir la ciudadanía ecológica en las sociedades liberales: reflexiones desde la filosofía política

EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA

 La noción de ciudadanía ha adquirido un gran protagonismo en los debates de la filosofía política contemporánea. Según Javier Peña (2003, 215), existen dos razones fundamentales para ello. Por un lado, la necesidad de hacer compatible la condición legal de ciudadano con la pluralidad de identidades colectivas que caracteriza a las sociedades democráticas. Por otro lado, la constatación de que la concepción liberal dominante de la ciudadanía adolece de un déficit democrático que impide afrontar diversos problemas relacionados con el interés común[1]. Como veremos, la noción de ciudadanía ecológica guarda una estrecha relación con esta segunda clase de razones para reivindicar un debate acerca de la ciudadanía. La concepción liberal de la ciudadanía que caracteriza

a los regímenes democráticos actuales postula una relación instrumental entre el ciudadano y las instituciones políticas. Es decir, concibe al ciudadano como un sujeto de derechos anteriores a la existencia de las instituciones que han de ser protegidos por la autoridad política. El liberalismo subraya así una de las tres dimensiones fundamentales de la noción de ciudadanía: los derechos individuales. Pero recientemente los críticos de la visión liberal han puesto el acento en otras dos dimensiones igualmente decisivas: la pertenencia a una comunidad de referencia y la participación política. El comunitarismo ha resaltado la idea de que sin un sentimiento de identidad colectiva o de pertenencia a una comunidad cohesionada el compromiso ciudadano con las leyes no está asegurado. Por su parte, el republicanismo rechaza la visión instrumentalista liberal a causa de su concepción atomista del individuo que lo conduce a una desafección política creciente respecto del interés colectivo. Estas críticas resultan de gran importancia para comprender determinados problemas, como los ecológicos, que afectan al conjunto de los ciudadanos y que requieren para su resolución de una acción común y comprometida.

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EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA ECOLÓGICA

 La noción de ciudadanía ecológica se enmarca en gran medida en esta controversia entre las concepciones liberal y republicana acerca de los derechos y la participación política. Esto puede entenderse mejor si contemplamos los problemas ecológicos como situaciones de ruina colectiva que son el efecto indeseado de la agregación de acciones individuales supuestamente racionales (Hardin, 1968; Arribas Herguedas, 2008). Ante tales situaciones sólo caben dos tipos de soluciones que no se excluyen mutuamente: la adopción voluntaria de conductas que suponen un sacrificio altruista y la prohibición coactiva de cierta clase de acciones por parte de la autoridad política, junto con la promoción de aquellas que trabajan por el interés común. Para que la primera clase de respuestas pueda resultar efectiva es necesario que los individuos adopten autónomamente una “ética de la autocontención” (Riechmann, 2009) tras haber comprendido que el logro de resultados óptimos en la persecución del interés particular exige, en un gran número de casos, contribuir al interés general abandonando la pretensión de alcanzar el máximo beneficio individual, tal y como queda mostrado en algunos análisis del conocido “dilema del prisionero” (Parfit, 2004, 144-160). En otros términos: la adopción de estilos de vida más frugales conlleva un sacrificio del bienestar individual inmediato que resulta imprescindible para asegurar el bienestar a medio y largo plazo, no sólo desde el punto de vista del interés general, sino también desde la perspectiva del agente individual. La acción racional, pues, no es necesariamente egoísta, como tienden a dar por supuesto los modelos de racionalidad estratégica habituales en el análisis económico convencional. Un “egoísmo inteligente” asume la imperiosa necesidad de adoptar conductas altruistas, especialmente en lo concerniente a los problemas ecológicos. Por otra parte, para que la segunda clase de soluciones se realice la autoridad política ha de imponer prohibiciones y sanciones, así como estimular a los ciudadanos para que actúen de determinada forma. En todo caso, ciertas concepciones de la vida buena gozarán de mayor predicamento y serán favorecidas por la autoridad, mientras que otras serán desincentivadas e incluso perseguidas, lo que supone un alejamiento del ideal de neutralidad valorativa que postula el liberalismo y una aproximación a la promoción pública de las virtudes cívicas más propia del enfoque republicano. Es importante resaltar que la ciudadanía ecológica trata de ir más allá de una concepción del ciudadano como consumidor ecológicamente concienciado que a través de sus elecciones en el mercado hace valer preferencias acordes con el objetivo de la sostenibilidad, para concebirlo como miembro de una polis que, además, reivindica la participación en la toma de decisiones políticas como vía para alcanzar una sociedad sostenible. En este sentido, el espacio de la ciudadanía no se confina en el ámbito privado, como mantienen aquellos que circunscriben el ejercicio de la ciudadanía verde al consumo responsable, sino que se amplía a la esfera pública (Anderson, 1998). Aquellos autores que están dando forma al concepto de ciudadanía ecológica consideran que sólo si los ciudadanos poseen suficiente poder de decisión política en materias fundamentales, no sólo en lo concerniente a la esfera del consumo, sino, asimismo, en el ámbito de la producción, podrán afrontarse los problemas ecológicos más graves. La noción de ciudadanía ecológica, por tanto, debe contemplarse como un ideal más cercano al autogobierno republicano que al liberalismo.

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Tomado de: Arribas Herguedas, F. (2010). Construir la ciudadanía ecológica en las sociedades liberales: reflexiones desde la filosofía política. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 7.
Accesible en: http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/8935/2_Arribas_2010.pdf?sequence=1